Este acuerdo solo les permite usar parte de su dinero para atender las necesidades de la ciudadanía y afrontar gastos derivados de la Covid19 y no ofrece soluciones a los municipios que tienen dificultades financieras.
EQUO lamenta que, pese a que en el acuerdo del Gobierno de Coalición figuraba la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, PSOE y Unidas Podemos la hayan olvidado, para aprobar un decreto que les permite hacer uso del dinero que los Ayuntamientos tienen inmovilizado en sus cuentas bancarias.
El partido verde afirma que, “desde que en 2008 estalló la crisis financiera y el Gobierno Central optó por rescatar a las entidades bancarias en lugar de a las personas, hemos estado abocadas a las políticas de austeridad y recortes que nos impuso el Partido Popular”. Y recuerda que “las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por estas medidas, comenzado con la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en 2011 y posteriormente con la entrada en vigor de las leyes de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley Orgánica 2012 ) y la de Racionalización y Sostenibilidad (Ley 27/2013), que las han impedido, entre otras, a usar su propio remanente de tesorería estableciendo límites al gasto no financiero, imposibilitando así, que así que inviertan en proyectos y mejora para la ciudadanía.
El decreto publicado el pasado 5 de agosto por el Gobierno, basado en el acuerdo aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el voto de calidad del Presidente, habilita al Gobierno al uso de 14.000 millones de los acumulados por los Ayuntamientos, a cambio de permitir a éstos usar hasta 5.000 millones de sus propios recursos, que les serán devueltos en diez años, pese a que en el decreto consta que la devolución puede durar hasta el 2037 (5 años más de lo que indica el acuerdo de la FEMP).
Para EQUO, esta medida es insuficiente para muchos ayuntamientos que no disponen de superávit y siguen teniendo que hacer frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas que ha ocasionado la COVID-19. Por ello, considera más necesaria que nunca la modificación de esta ley, y cree que se ha desaprovechado la oportunidad de hacerlo, que hubiera redundado en una mejora en la autonomía municipal.
EQUO lamenta también que el Gobierno no dotase en su día de requisitos para mejorar la financiación a los ayuntamientos, con la publicación del RD.22/2020 en el que se repartían 16.000 millones no reembolsables a las Comunidades Autónomas, ni haya puesto sobre la mesa medidas en este sentido, con las transferencias directas del Fondo de Recuperación Europeo. A su juicio, el Ejecutivo no puede eludir su responsabilidad, ya que es garante, al igual que las CCAA, de que las Entidades Locales presten a la ciudadanía los servicios públicos básicos (artículo 142 de la Constitución Española)
La formación ecologista denuncia y se opone a todas las iniciativas y acuerdos que no vayan en la línea de conseguir una financiación adecuada y suficiente. Por ello, exige al Gobierno la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, para que las entidades locales puedan hacer uso de sus remanentes para afrontar los gastos e inversiones necesarios derivados de la pandemia. Asimismo, solicita la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.