Diversas organizaciones sociales y partidos políticos, entre ellos EQUO, han firmado un manifiesto en el que instan al Gobierno a tomar medidas para que ninguna familia vulnerable se quede sin agua, luz o gas.
La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español. A su vez, el Gobierno central y las administraciones autonómicas han tomado una serie de medidas restrictivas en cuanto a movilidad, sin precedentes en nuestra historia reciente.
Ante esta situación, las entidades firmantes del manifiesto reclaman la implementación de las siguientes medidas:
- La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a las miles de familias que , a día de hoy, pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas.
- La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
- La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.
En su opinión, no se trata de una mera cuestión de justicia social y de cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y dar cumplimiento a los Derechos Humanos. También se trata del deber ineludible del mismo Estado de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, que son precisamente los que están sufriendo de forma más aguda de la actual crisis sanitaria, económica, climática, ecológica y social. Asimismo, garantizar el derecho a acceder adecuadamente a los suministros básicos conlleva grandes riesgos para la salud pública al conjunto de la ciudadanía.
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