La junta de Extremadura ha autorizado el enterramiento de los cadáveres de perros utilizados en actividades de caza incluidos los de rehala, y los perros pastores y de guarda del ganado.
El sepultamiento de los cuerpos de estos perros fuera de recintos o instalaciones autorizadas para ello plantea una amenaza potencial para la salud animal, la salud pública y el entorno natural, por los riesgos derivados de una manipulación indebida de los cadáveres y la posible contaminación por los lixiviados que se generan en el proceso de descomposición, de suelos y aguas subterráneas.
Este acto va en contra de las regulaciones sanitarias establecidas para los subproductos animales no destinados al consumo humano, y puede favorecer y estar vinculado a prácticas de crueldad animal y fraudes legales. Todo esto ocurre, además, sin una justificación válida, representando un grave riesgo para el bienestar general y promoviendo el maltrato animal de manera descontrolada. Por ello, Verdes Equo Extremadura ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura , en el que solicita su nulidad.
Carmen Ibarlucea, coportavoz de Verdes Equo Extremadura y de la la Red Verdes Equo Animales afirma que «autorizar el enterramiento descontrolado de los perros de caza es un reflejo de las políticas de PP y Vox a favor de esta actividad y en detrimento de los derechos de los animales y de la protección del medio ambiente, que se une a otra serie de propuestas, como autorizar la caza del meloncillo en la región o permitir cazar en el Parque Nacional de Monfragüe, con la excusa del control cinegético. Todas ellas son propuestas que no podemos permitir».