La crisis del COVID19 ha sacado a la luz las principales carencias de nuestro sistema educativo. De la noche a la mañana cientos de miles de alumnos y alumnas debían trasladar sus procesos de aprendizaje al interior de sus hogares y las familias y el personal docente tuvieron que hacer frente a la situación como mejor supieran o pudieran. Y la realidad es que muchas familias simplemente no podían.
La inmensa brecha socioeconómica se evidenció en la brecha digital: niños y niñas sin ordenador en casa para poder recibir las tareas, familias desbordadas por el teletrabajo y los deberes de sus hijos, falta de conexión con los docentes y un largo etcétera de carencias que volvían a golpear con más fuerza a quienes menos recursos tienen.
Partiendo de este análisis, era imperativo incluir algunas medidas básicas en la nueva ley de educación para hacerla más equitativa, para garantizar la inclusión de todo el alumnado, independiente de sus condiciones.
Equo y Más País hemos incluido enmiendas que van destinadas a reforzar nuestro sistema educativo, como por ejemplo aumentar la inversión en Educación hasta un 5,5% del PIB. Además, queremos que las bajadas de ratios que se han hecho por cuestiones sanitarias se mantengan, aunque volvamos a la normalidad. La masificación de las aulas dificulta las tareas de aprendizaje, incidiendo especialmente en quienes ya presentaban dificultades previas, y por eso proponemos una bajada para que haya hasta 15 alumnos en primaria y hasta 20 en secundaria.
Con la pandemia ha quedado patente también que hay un sector del alumnado que, por sus circunstancias socioeconómicas, ve limitadas sus capacidades para el aprendizaje. Hablamos de alumnos cuyas familias viven una situación de vulnerabilidad económica, de familias de migrantes, de alumnado con dificultades en el uso del lenguaje, o directamente de pobreza infantil. Estos alumnos tienen cuatro veces más probabilidades de repetir que un alumno que sí tenga los recursos para apoyar su proceso educativo, por lo que además son expulsados del sistema antes que el resto. Por eso proponemos crear una categoría específica de Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACENAE) que haga referencia a estas circunstancias y se puedan poner así los recursos suficientes para que culminen con éxito su formación académica.
Reforzar las escuelas infantiles y al formación profesional
Además, en el 90% de los centros escolares que concentran al alumnado de nivel socioeconómico bajo son centros públicos. Esto genera una segregación socioeconómica evidente que no se puede consentir. Por eso proponemos oficinas de matriculación para que, en función de unos máximos y mínimos previamente establecidos, este alumnado sea escolarizado de forma equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de su zona. Garantizar que las cuotas de los centros concertados sean realmente optativas es otra de las medidas que proponemos para luchar contra esta segregación.
Otra de las brechas la encontramos en las etapas más tempranas de la educación. Se ha demostrado que los niños y niñas que comienzan su aprendizaje en una escuela infantil tienen un mejor desarrollo en ciclos posteriores. Además, las escuelas infantiles son, sin lugar a dudas, un elemento clave en la conciliación, especialmente de las mujeres. Por eso proponemos que se garanticen la suficientes plazas de escuelas infantiles públicas para cubrir toda la demanda existente, asegurando así la gratuidad del ciclo 0-3, donde también queremos que se empiece a implantar el sistema de la pareja educativa, para ir desarrollándola en ciclos superiores.
Y por último, queremos hacer una especial mención a la formación profesional como proyecto de futuro para el país. Sin profesionales técnicos que instalen paneles solares, que pongan en marcha proyectos de eficiencia energética, de movilidad eléctrica o de bioconstrucción, las transformaciones que necesitamos hacer como país no serán posibles. Por ello, es necesario no sólo reforzar y modernizar la formación profesional, sino asegurar que los alumnos y alumnas que quieran cursarla puedan hacerlo aún cuando tengan dificultades en el aprendizaje de las materias más tradicionales.
En este sentido proponemos que los alumnos que curse una formación profesional básica puedan pasar a la formación profesional medio si han aprobado todas las materias específicas de su ramo, aunque hayan presentado dificultades en las materias convencionales, si cuentan con el visto bueno del equipo docente. Esta propuesta es, al mismo tiempo, una forma de lograr que estos alumnos y alumnas no sean expulsados del sistema educativo a edades muy tempranas y que puedan desarrollar su potencial y su talento.